En abril de 1940 se realizó el Primer Congreso Indigenista Interamericano, con sede en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, presidido por el entonces presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río. El encuentro concluyó con 72 recomendaciones, la declaración de Pátzcuaro, y la resolución de crear tres órganos: un Congreso Indigenista Interamericano, un Instituto Indigenista Interamericano (III), así como Institutos Indigenistas Nacionales. En 1942 se creó legal y oficialmente el III.
Tras esto, seis años después, como resultado directo de la declaración de Pátzcuaro, el presidente Miguel Alemán Valdés decretó la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI), cuya Ley quedó plasmada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de diciembre de 1948, organismo descentralizado y con personalidad jurídica propia. La función principal del INI era la investigación y aplicación de medidas propias y eficaces para el mejoramiento de los núcleos indígenas. Nótese que nunca se habla de calidad de vida, desarrollo, garantías individuales y/o derechos humanos.
La creación del Instituto Nacional Indigenista, por supuesto, significó un avance en materia de pueblos indígenas, tema en el que México ha estado en la lona históricamente. Ello obedeció más a la presión externa, que a una iniciativa nacional. Sin embargo, el INI no fue del todo un acierto, pues sus lineamientos y políticas de acción –y en realidad, la política nacional- giraban en torno a la integración de los pueblos indígenas a la cultura nacional dominante; es decir, se pretendía, mediante la ideología y el proceso de mestizaje, modificar las costumbres y estilo de vida de los pueblos indígenas para que cupieran y terminaran de formar parte del establishment.
Vale la pena mencionar que, mientras que en el siglo XIX ésta integración era violenta y forzada, en los albores del siglo XX se modificó y se decidió utilizar la ciencia, la acción social y la educación para integrar a los indígenas a la nación. […] Esta política se aplicó durante tres décadas.[1] Pero, ¿qué implicaba esta política indigenista? Como ya mencioné un poco, el régimen pretendía una homogeneización cultural del país, eliminando los factores que, según la ideología imperante, implicaban atraso y resistencia al progreso: se favorecía un modelo elitista. La integración, para los gobiernos posrevolucionarios, era la desaparición de los pueblos indígenas.
En función del objetivo, esta política fue fructífera. El etnocidio[2] se concretó, pues si bien no fueron asesinados todos los indígenas del país, sí se destruyeron muchas culturas e identidades étnicas, se modificaron costumbres y, como consecuencia de ello, miles de indígenas dejaron de identificarse como tales y se asumieron mestizos.
En 2003, durante el sexenio del afable, bonachón y eficiente Vicente Fox, se expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), al tiempo que se abrogó la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. La CDI nació como un organismo descentralizado, autónomo y con patrimonio y personalidad jurídica propios. Su función principal, según dicha ley es “orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.” Es notorio el cambio, por lo menos en el lenguaje, además de hablar plenamente de desarrollo integral, esta ley menciona pueblos y comunidades indígenas, en apego al Convenio 169 de la OIT.
Hoy, la CDI se jacta de ser un ente capacitador, una instancia de colaboración y coordinación entre diversos sectores de la administración pública, así como interlocutor pueblos indígenas-gobierno. También asegura que su
objeto es el desarrollo con identidad, mediante la continua consulta a los pueblos y comunidades, y la armonización del marco jurídico nacional con los diversos sistemas normativos indígenas. Dicen, pues, que su apuesta es por la inclusión y no por la integración.
Todo esto viene a cuento porque, vaya, sabemos que el gabinete presidencial no es conocido por haber obtenido sus cargos por méritos en el área –ni ahora, ni casi nunca- y mucho menos por tener los conocimientos y/o sensibilidad en la materia que les ocupa.
Sin embargo, y tal como ya antes lo dije, no por ello es justificable que sus palabras, así como sus decisiones, traducidas en políticas públicas, sean ignorantes, insensibles, ofensivas y completamente alejadas de la realidad sociocultural de este, de por sí, maltrecho país.
Nuvia Mayorga Delgado es licenciada en contaduría por la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), fue secretaria de finanzas de ese estado cuando era gobernador nuestro H. secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y continuó con Francisco Olvera –hay quien dice que su principal labor fue administrar y acrecentar la deuda pública estatal-. El que Osorio Chong la haya traído desde su gestión juntos, denota claramente la confianza política que deposita en ella. Los cargos que Mayorga ha desempeñado, son mayoritariamente en su área profesional, finanzas y administración.
Razón suficiente para que líderes indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos se opusieran a su nombramiento como directora de la CDI.
Recientemente, en un evento protocolario junto al célebre gobernador Rafael Moreno Valle, Mayorga dijo, fiel a la actitud de la clase política mexicana, que llevaba internet a lxs niñxs indígenas pa’que sepan qué hay detrás de los cerros, pa’que conozcan el mundo, y porque el internet es la oportunidad para salir de la pobreza.
Antes de continuar quiero aclarar que, por supuesto, todxs lxs niñxs mexicanxs deberían tener garantizado su acceso al conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología –además de los servicios más básicos, como el alimento y el vestido- sin embargo, a la señora Mayorga le hace falta una buena dosis de sensibilidad y solidaridad, ni hablar de conocimientos sobre la situación de lxs niñxs indígenas de este país. Las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. El acceso a internet y la era digital es una prioridad para lxs niñxs indígenas, pero siempre estará por debajo de los derechos –sistemáticamente violentados- a una alimentación saludable, a una educación plena, y múltiples etcéteras. A la señora Mayorga le falta comprender que tiene muchos desafíos por cumplir, antes de llevar internet a las comunidades.
Entre las principales y más recurrentes problemáticas de lxs niñxs indígenas están: baja talla y desnutrición, así como altas tasas de mortalidad temprana. Bajos índices de asistencia escolar, analfabetismo. Trabajo infantil, migración interna y externa, matrimonios forzados…
El panorama de la niñez indígena, va desde los triquis basquetbolistas, hasta Manuel, el niño tzotzil humillado por un funcionario público, pasando por la elocuente Natalia y Angelina, niña mixteca migrante. Pero no sólo ellos, existe una gran diversidad de infancias indígenas, con características, necesidades, problemáticas, limitantes y potencialidades diferentes.
Y es que, bueeeeno, no es la primera pifia de la señora Mayorga, recordemos su feliz inicio en la CDI, cuando solicitó más de 7 mdp para remodelar oficinas o aquél célebre discurso de hace casi cuatro meses, en el que la señora Mayorga, dijo, con cara de fuchi, que los nombres de los pueblos indígenas eran raros, para justificar su incapacidad de lectura en voz alta.
La violencia –verbal, física, económica, ambiental, jurídica, paramilitar y un largo etcétera- contra los pueblos indígenas, sobre todo los insurrectos, no es casualidad, es sistemática. Ya va siendo hora de exigir a quienes dicen gobernarnos, ya no digamos que hagan su chamba, empecemos por exigir respeto por la dignidad humana, individual y colectiva. Funcionarixs de la talla de Nuvia Mayorga, titular de una secretaría de estado, tendrían que agarrarse un buen libro de su ramo, aprender de costumbres indígenas, gastronomía, cosmovisión, economía comunitaria, propiedad agraria, política local, también sobre lenguas indígenas, atuendos, educación intercultural, nombres, estadísticas, legislación internacional en materia de pueblos indígenas, derechos humanos…
¿Cómo sancionamos a nuestros -¿nuestros?- funcionarios que, voluntaria o involuntariamente, agreden la integridad humana con sus dichos? Sería como echar limón a una gran herida nacional. Es innegable que el Estado mexicano tiene una deuda, deudísima, con los pueblos indígenas, la cual, en lugar de reducirse, continúa acumulándose. En este sentido, aunque la CDI pretenda marcar una línea entre la política de acción del INI y la propia, éste cambio está sólo en papel, es meramente formal, pues no se traduce en mejoras en la calidad de vida y en el reconocimiento de ciudadanía y derechos de los pueblos indígenas. Aún hay mucha chamba por hacer. Tendría que ser prioridad nacional, una política pública orientada al desarrollo pleno de los pueblos indígenas, me queda claro que no es la intención del gobierno federal. (Un botón)
¡Imperdible! Nuvia Mayorga y los indios.
Panorama de la adolescencia indígena en México
5 problemáticas que viven las niñas indígenas
[1] Navarrete L., Federico, Los Pueblos Indígenas de México. Pueblos indígenas del México contemporáneo, México, CDI, 2008, p. 41
[2] Es importante señalar que existe una amplia diferencia conceptual entre etnocidio y genocidio. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos define etnocidio como: “Represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes aunque sus miembros sobrevivan como individuos. Provoca la muerte de la diversidad cultural, implica la lenta desaparición de la especificidad de los hombres y de los pueblos.” bit.ly/1mvXBof Mientras que la RAE define genocidio como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.”