Jorge Alberto Rivero Mora 

El día que un maestro gane más que un general, entonces se salvará México
Pancho Villa

JV[1]

Durante su breve administración como gobernador del Estado de Chihuahua (1913-1914) la primera acción de gobierno de Francisco Villa fue edificar 50 escuelas porque tenía muy clara la importancia de la educación en un país que se desangraba por la Revolución mexicana. Años después, su más acérrimo rival, Álvaro Obregón, ya como presidente de la República puso en marcha la más ambiciosa campaña en favor de la educación de toda la historia y encargó la importante encomienda al escritor e intelectual oaxaqueño José Vasconcelos quien realizó una ambiciosa y loable tarea.

Sin embargo, hoy en día la realidad es otra y tal como he expresado en otras oportunidades, desde 1982 a la fecha estamos insertos en un devastador modelo económico que fue instaurado unilateralmente por el régimen priísta y que sumió en la pobreza y desesperanza a millones de mexicanos. Pero como si esto no fuera suficiente, aunado al fracaso de este esquema, desde 2006 a la fecha, hemos sido testigos –y víctimas– de una sanguinaria vorágine de violencia, inseguridad y violaciones de derechos humanos

Soportamos entonces a un gobierno federal entreguista a los intereses extranjeros que no solamente criminaliza toda forma de protesta social sino que reprime con rudeza a quienes resisten con valentía su barbarie; padecemos a un Estado en muchos sentidos fallido y en varios espacios infiltrado por el crimen organizado; a partidos políticos comparsas y desacreditados; con silencios cómplices en las Cámaras del Congreso; de instituciones disfuncionales que enmascaran legalidad cuando este atributo está ausente (véanse los casos de los líderes de la CNTE encarcelados, Rubén Núñez y Francisco Villalobos o por mencionar otro ejemplo la anómala situación legal del Dr. José Manuel Mireles).

Y es que en terrenos de la cultura política mexicana el régimen podrá cambiar de fachada pero en muchos sentidos es el mismo sistema autoritario del pasado que reprimía con saña a sus opositores y que hoy en día utiliza las mismas anacrónicas prácticas para criminalizar la disidencia de quienes se oponen a su “ilógica lógica” de imponer reformas políticas (educativa, laboral, fiscal o energética) que enmascaran la explotación de los trabajadores y abiertamente saquean nuestros recursos nacionales.

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La indignante represión a los maestros y población civil del Estado de Oaxaca que ha cobrado la vida de seis personas y ha dejado un saldo de decenas de heridos, debe ser motivo suficiente para exigir la renuncia del Secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, tan lejano de antecesores suyos que sí entendieron su responsabilidad y dieron lustre a este ministerio como José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Narciso Bassols o Agustín Yáñez y tan cercano a figuras represoras del pasado y presente priísta como su jefe inmediato, el Presidente Enrique Peña Nieto quien ya ocupa un lugar protagónico.

Siempre es conveniente volver al pasado para entender nuestro presente, y pareciera que Aurelio Nuño a través de la ejecución de esta nueva barbarie, se aferra a la oportunidad de mostrar una enferma lealtad y colarse como el “tapado” de Peña Nieto para la elección presidencial de 2018. Esto no es nuevo, hay que recordar que en la matanza del 2 de octubre 1968, la obediencia y sumisión del entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría al presidente Gustavo Díaz Ordaz, fue definitiva para que lo eligiera como candidato presidencial. Esa parece ser la apuesta anormal de un secretario de Educación soberbio, prepotente y cerrado al diálogo.

Independientemente que estemos a favor en contra de la Reforma educativa a la que se opone la CNTE, o apoyemos o no las movilizaciones y protestas de la Coordinadora magisterial, lo que sí debemos estar totalmente en contra como ciudadanía es con las acciones represivas del Estado en contra de este gremio; del uso excesivo de la fuerza para imponer reformas que deberían consensuarse y por lo mismo resulta urgente expresarnos de todas las maneras posibles para mostrar al gobierno y sus instituciones nuestra natural indignación y hacerlos entender, de manera pacífica pero efectiva, que ninguna Reforma neoliberal «se legitima» con la sangre y represión de sus oponentes.

Soy partidario de la resistencia civil pacífica para defender nuestros derechos (huelgas de impuestos, paros de actividades, boicots, brigadas informativas, pronunciamientos de los distintos sectores de nuestra sociedad, protestas artísticas, marchas, difundir la realidad en medios internacionales), pero sobre todo creo que en este caso específico, diversas instituciones educativas públicas deberían tener posturas más congruentes y valientes para manifestar que esta terrible violencia estatal nos afecta y ofende a todos.

Por ejemplo, me gustaría que los rectores de las universidades públicas, o figuras relevantes de la sociedad civil en su conjunto hicieran pronunciamientos enérgicos en contra de los actos represivos del gobierno, tal como ocurrió hace algunos días con intelectuales de México y de otros países. Pero ojalá que ya no sea en forma de declaraciones diplomáticas en favor del diálogo sino en actos de protestas reales y simbólicos para poner un alto a este estado putrefacto  de cosas en el que vivimos.

En el movimiento estudiantil de 1968, el rector Javier Barros Sierra, tuvo el valor de expresar su inconformidad en contra de las acciones represivas del gobierno de Díaz Ordaz, me parece que este tipo de ejemplos de valentía y congruencia no pierden vigencia y deben de prevalecer en numerosos sectores de la sociedad y no decir de modo indiferente que «la violencia se la buscaron los maestros porque no quieren trabajar” como repiten una y otra vez los medios de comunicación favorables al gobierno peñista.

La lucha es larga y cuesta arriba es cierto, pero no hay que caer en la indiferencia y el desánimo.